Por Dr. Omar Josué ROJAS VÁZQUEZ
CHOLULA.- La interrupción del embarazo es un tema controversial que resuena cada vez más en nuestro país, y en general en Latinoamérica, sin embargo, los precedentes históricos sobre dicha práctica anteceden a la Europa de la posguerra, pues Reino Unido despenalizó el aborto en 1968 y Francio aprobó la Ley Veil en 1975.
La Ley Veil, tal vez una de las más complejas y que sientan el precedente a nivel mundial, debe su nombre a Simone Veil, abogada sobreviviente del holocausto, primera mujer en presidir el Parlamento Europeo y ministra de sanidad de 1974 a 1979, dicha ley permite interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas, siendo realizados desde 1982 en el sistema de seguridad social francés.
Del mismo modo, Francia es el primer país que legalizó el uso de medicamentos como la mifepristona, para realizar abortos seguros antes de las 7 semanas, se estima que hasta el 25% del total de abortos son practicados con medicamentos, siendo la mifepristona la droga más usada para dicho fin.
En nuestro país el aborto inducido se considera legal en todos los códigos penales estatales en casos de violación, sin embargo, en la práctica son pocos estados los que facilitan dicho proceso, aunque los profesionales de la salud, visibles o clandestinos, no son procesados.
En la Ciudad de México y Oaxaca está despenalizado desde 2007 y 2019 respectivamente, en 2011 la COFEPRIS autorizó la comercialización de mifepristona para la interrupción del embarazo, pese a esta aparente libertad de elección más de la mitad de las constituciones estatales han sido enmendadas, definiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural, otorgando protección legal a la persona, logrando así la tipificación de delito a dicho proceso.
En nuestro estado, dicha tipificación pone en jaque la libertad de elección acerca del embarazo, por lo que se ha criminalizado dicha práctica, sin embargo, se han tejido redes de apoyo entre mujeres que sean preparado para orientar, apoyar y acompañar a otras mujeres en dicho proceso.
Fieles a las creencias y al tradicionalismo que aún impera en nuestro estado, el hostigamiento por parte de grupos religiosos es frecuente, pese a ello, dichas redes promueven la asesoría psicológica posterior al aborto, la canalización a ONG´s donde pueden donar el medicamento para realizar un aborto seguro y la entrega de apoyos económicos cuando se requieran procesos más complejos.
El código penal de Puebla se reformó en 2009 logrando así que la vida se defienda “desde el momento de la concepción”, penalizando, más no frenando el número de abortos, siendo alrededor de 1,400 poblanas las que se desplazaron a CDMX para proceder legalmente, mientras que al menos 69 fueron vinculadas a proceso por el delito de aborto, y 11 sentenciadas por dicho acto.
Hoy en día la lucha sigue por la despenalización total del aborto, no corresponde a la sociedad ni al personal médico juzgar la decisión de una mujer, cientos de mujeres han muerto en procesos clandestinos y miles más han tenido que traer vidas no deseadas a este ya caótico mundo, corresponde a mis colegas el brindar el apoyo y la información suficiente y necesaria que desemboque en una elección libre y bien informada.