Por Braulio PAISANO
HUAHUCHINANGO, PUE.- Comunicadores en redes sociales estuvieron a punto de ser linchados por una turba de comuneros de la población de Ocpaco perteneciente a éste municipio, mientras que el Juez de Paz Antonio Barragán, logró extorsionar a los reporteros que documentaba el mal estado de la carretera que comunica a la comunidad con otras poblaciones.
Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas del pasado 12 de enero cuando los documentalistas levantaban material fotográfico y entrevistaban a pobladores para saber más sobre el mal estado de la vía de comunicación y la atención que las autoridades locales dan al problema, cuando sin más, el funcionario municipal acompañado de otros sujetos cuestionó su presencia mientras que alguno más envalentonado por el alcohol amenazó con golpear a los visitantes.
La trifulca por poco se salía de control, cuando un nutrido número de vecinos, algunos armados con machetes, amenazaron con lincharlos.
A todo esto, Omar N, representante de la publicación en redes sociales Contagiate, en medio de los gritos y amenazas, logró llegar hasta su vehículo donde se parapetó con vidrios y seguros de su unidad puestos, desde ahí, mostró sus identificaciones que lo acreditaban como reportero, por lo que al llegar una patrulla de la policía municipal, fueron obligados a pagar una “multa” de 2500 pesos bajo los usos y costumbres por una supuesta falta administrativa que jamás existió.
A la fecha, ninguna instancia local o federal, o no gubernamental ha documentado o atendido el caso en que Omar N. y su compañero Mario N. quienes fueron víctimas de la autoridad encargada de garantizar la seguridad de las personas, el libre tránsito y la libertad de expresión, violentando en su conjunto las garantías individuales enmarcadas en nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, por ende es importante que las autoridades, realicen las acciones pertinentes para resarcir los daños y afectaciones que sufrieron los reporteros.
Lo más importante es, que tanto el gobierno del estado, encabezado por el Lic. Luis Miguel Barbosa Huerta, así como la Fiscalía General del Estado, tomen cartas en el asunto y se abran las respectivas investigaciones para sancionar a los responsables de un acto a todas luces abusivo de una autoridad menor que debería servir para garantizar las leyes elementales y la paz social que tanto enarbolan en cada discurso.
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