Por Aldo COSTILLA ROJAS
CHOLULA.- Para disgusto de muchos, la relación López Obrador – Biden es cordial y permite unas relaciones diplomáticas funcionales. La política exterior, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard funciona, tanto así que la Vicepresidente Harris visitó nuestro país en su primera gira al exterior, México ha recibido donaciones de vacunas y recientemente se ha anunciado una visita del Presidente Biden a suelo mexicano. En términos generales, a reserva del asunto de la reapertura de la frontera, la administración estadounidense ha cedido a las peticiones del gobierno federal.
Del lado estadounidense el reclamo más grande es el de la migración. Al igual que la administración de Donald Trump, la de Biden no consiente el gran número de inmigrantes que llegan a la frontera sur. Veremos que tanto se compromete el gobierno lopez-obradorista para
En este contexto, hay un tema del que poco se ha hablado y del que debería haber más presencia en la agenda bilateral. El tráfico ilegal de armas hacia México es un asunto tan sentido como ignorado hasta hace una semana, cuando, pareciera el tema empieza a estallar, y es que el Gobierno de México, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores demandó ante una corte federal a un grupo de empresas de la unión americana comercializadores de armas, que promueven prácticas que facilitan el tránsito de armamento de manera ilegal.
El atentado contra el secretario de seguridad pública de la Ciudad de México; los videos de grupos delincuenciales desafiando a las autoridades; son, entre otros, evidencias de la gran capacidad armamentista que tiene el crimen organizado. Con información del sitio europapress.es, las fuerzas armadas mexicanas han perdido de 2006 a octubre pasado, 46 vehículos aéreos, entre helicópteros y aviones. Un porcentaje elevado de este equipo bélico es elaborado y comercializado por empresas estadounidenses.
El problema del tráfico de armas debería ser tan reclamado por la parte mexicana como lo es la migración por la estadounidense. La denuncia, que es un llamado “sin precedentes” como la misma cancillería lo considera, tendría que ser un recamo respaldado por la sociedad mexicana, en el sentido de avalar que la unión americana es responsable, en su justa proporción, de la criminalidad en nuestro país y es momento de emprender acciones que limiten la libre – e impune- circulación de armas a nuestro país.
En una perspectiva más crítica, se fortalece la tesis que afirma que grupos o intereses estadounidenses financian y dotan de armamento a los carteles mexicanos y que es un mecanismo de control sobre el territorio colindante en la frontera sur. La tesis opera de modo que el estado mexicano gasta esfuerzos, recursos y capacidad militar en contener al crimen, desatendiendo otros temas de geopolítica internacional.
En un sentido equilibrado es indispensable que prospere la denuncia emprendida por la representación mexicana. Independientemente de las filias y fobias políticas es un tema en el que se debe cerrar filas, asumiendo la gran amenaza que implica que grupos delincuenciales tengan armamento tan sofisticado y peor, que se venda y exporte de una manera ilegal, impune y perjudicial para el pueblo de México.
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